Entre las medidas está una propuesta que permitiría que personas con determinados permisos estatales compren armas sin una verificación federal de antecedentes
Letitia James, fiscal general de Nueva York, lidera una coalición de otros 22 fiscales generales que presentó una ofensiva contra el plan de la administración de Donald Trump para modificar o eliminar regulaciones federales relacionadas con la seguridad de las armas de fuego.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ha planteado desde mayo de 2026 la revisión o eliminación de 32 regulaciones que, de acuerdo con los fiscales estatales, han servido durante décadas para impedir que las armas lleguen a personas que tienen prohibido poseerlas, combatir el tráfico ilegal y facilitar el trabajo de las autoridades.
La oposición quedó plasmada en 13 cartas de comentarios presentadas durante la última semana, informó la Fiscalía General de Nueva York. En ellas, los fiscales generales argumentan que varias de las iniciativas de la ATF exceden las facultades legales de la agencia, contradicen leyes federales y decisiones de la Corte Suprema y no cumplen con los procedimientos exigidos para modificar regulaciones.
“Estas propuestas irresponsables facilitarían que armas peligrosas cayeran en manos equivocadas”, afirmó James, quien acusó a la administración Trump de intentar revertir décadas de medidas de seguridad que habrían contribuido a reducir la violencia armada.
Entre las medidas cuestionadas se encuentra una propuesta que permitiría que personas con determinados permisos estatales compren armas sin pasar por una verificación federal de antecedentes. Los fiscales generales advierten que esto podría abrir nuevas vías para que delincuentes y traficantes accedan a armas de fuego.
La coalición también se opone a cambios que restringirían las categorías de personas a quienes se puede prohibir la posesión de armas por razones de salud mental. Los fiscales señalaron que la propia ATF reconoce que esta modificación podría incrementar el riesgo de incidentes con múltiples víctimas.
Otro de los puntos de preocupación es la definición de quién debe contar con una licencia federal para vender armas. Los estados sostienen que la propuesta podría generar un vacío que permita operar a más vendedores sin licencia y, por tanto, sin las obligaciones de realizar verificaciones de antecedentes y conservar registros de las transacciones.
Las autoridades estatales también cuestionan una propuesta para permitir la verificación remota de identidad en compras de armas por internet. Consideran que la medida podría facilitar el acceso a armas por parte de menores, traficantes y personas consideradas de riesgo.
Asimismo, los fiscales generales alertan sobre posibles cambios en las reglas relacionadas con las llamadas “compras fraudulentas”, en las que una persona adquiere un arma para otra que tiene legalmente prohibido comprarla.
La coalición afirmó que la nueva regulación podría generar ambigüedad y dificultar la persecución de estas operaciones.
Otro cambio cuestionado elevaría el estándar para que la ATF pueda determinar que un vendedor de armas incurrió deliberadamente en una infracción y, con ello, revocar su licencia. Los estados consideran que esto dificultaría retirar del mercado a comerciantes que incumplen las normas.
La coalición también rechaza propuestas para facilitar la importación de armas y componentes de estilo militar, eliminar determinados avisos de seguridad dirigidos a compradores sobre los riesgos de las armas para menores y derogar una regulación relacionada con los soportes estabilizadores utilizados en pistolas.
En este último caso, los fiscales generales sostienen que la ATF pretende eliminar la norma vigente sin establecer una regulación que la sustituya, lo que provocaría incertidumbre tanto para los propietarios como para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Las propuestas también incluyen cambios que podrían permitir el traslado de determinados accesorios de armas a través de las fronteras estatales, incluso hacia jurisdicciones donde están prohibidos, como Nueva York.
Preocupación por los registros utilizados en investigaciones
Otro de los argumentos de la coalición se refiere al formulario 4473, documento que los vendedores federales de armas deben completar durante las transacciones. Los fiscales generales consideran que modificar los requisitos de residencia y ampliar la vigencia de las verificaciones de antecedentes reduciría la utilidad de estos registros para las investigaciones criminales.
También cuestionan cambios en la información utilizada para identificar a los compradores, al considerar que podrían dificultar el rastreo de armas empleadas en delitos.
La coalición se opone además a una propuesta para que los registros relacionados con la cadena de custodia y las ventas de armas de fuego dejen de conservarse indefinidamente y sean destruidos después de 20 o 30 años. Los fiscales sostienen que eliminar esos documentos podría impedir investigaciones y procesos judiciales relacionados con delitos cometidos años atrás.
Las objeciones se suman a otras presentadas el mes pasado contra cinco modificaciones a las regulaciones que implementan la Ley Nacional de Armas de Fuego, que regula, entre otros dispositivos, las ametralladoras, los silenciadores y determinados rifles y escopetas.
La coalición también presentó una carta contra cambios propuestos al formulario 4473 que, según los fiscales generales, podrían facilitar que compradores testaferros adquieran armas y dificultar posteriormente su rastreo.
Además de Nueva York, participan en la coalición los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington, así como el Distrito de Columbia.
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