El fallo limita temporalmente nuevas inspecciones estatales, pero mantiene vigente la autoridad sobre salud y seguridad en un centro de Aurora
Un juez federal de Colorado bloqueó temporalmente algunos de los nuevos requisitos de inspección estatal para centros privados de detención de migrantes, pero dejó vigente la capacidad del estado para intervenir en asuntos de salud pública, incluido un caso de tuberculosis detectado en una instalación de Aurora operada por GEO Group.
La decisión fue emitida este jueves por el juez Daniel Domenico, del Distrito de Colorado, en respuesta a una demanda presentada en junio por GEO Group contra el estado. La compañía buscaba impedir la aplicación de una legislación aprobada este año que amplió la supervisión estatal sobre las condiciones sanitarias y de seguridad de estos centros.
El bloqueo tendrá vigencia hasta octubre
La orden judicial suspende temporalmente determinados requisitos establecidos por la nueva ley hasta el 15 de octubre, fecha en la que también termina el actual contrato de GEO Group con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para administrar el centro de Aurora.
El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, expresó su decepción porque el fallo no concedió todas las medidas que el estado había solicitado.
Sin embargo, destacó que la resolución mantiene en vigor las facultades que Colorado ya tenía para actuar en cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad pública.
Esa diferencia resulta especialmente importante debido a una disputa que se intensificó esta semana entre el estado y GEO Group.
Colorado demanda a GEO por un caso de tuberculosis
Un día antes del fallo, Colorado presentó una demanda contra la empresa para obligarla a cumplir una orden de salud pública relacionada con un caso confirmado de tuberculosis en el centro de detención de Aurora, ubicado al este de Denver.
De acuerdo con Weiser, esta acción judicial no depende de las nuevas facultades de inspección contempladas en la legislación que Domenico bloqueó parcialmente.
El estado sostiene que puede hacer cumplir sus normas sanitarias existentes y exigir la colaboración de GEO en la investigación epidemiológica.
“Nuestra demanda presentada ayer busca hacer cumplir esa autoridad existente y exigir que GEO coopere con la investigación estatal sobre tuberculosis”, señaló Weiser.
El fiscal general aseguró además que Colorado continuará utilizando las herramientas legales disponibles para proteger la salud pública.
¿Qué buscaba cambiar la nueva ley?
La legislación aprobada este año buscaba ampliar la capacidad de las autoridades de Colorado para inspeccionar centros privados de detención de migrantes y revisar aspectos relacionados con las condiciones sanitarias y de seguridad.
GEO Group, una de las principales compañías privadas que administran instalaciones de detención por contrato con el Gobierno federal, llevó el conflicto a los tribunales al considerar que algunas de esas disposiciones debían ser bloqueadas.
El fallo de Domenico no elimina por completo la capacidad del estado para supervisar las instalaciones. La resolución se concentra en determinados requisitos introducidos por la nueva legislación.
Por ello, Colorado conserva otras herramientas jurídicas para intervenir cuando existen problemas que puedan representar un riesgo para la salud pública.
El conflicto también llegó a Washington
La disputa de Colorado tiene un precedente en Washington, donde GEO Group enfrentó un conflicto similar por las inspecciones sanitarias de su centro de detención migratoria en Tacoma.
Washington aprobó en 2023 una legislación que estableció estándares de salud para instalaciones privadas de detención.
La empresa cuestionó las inspecciones y el caso derivó en varios años de litigios. Finalmente, un tribunal federal ordenó en julio pasado que GEO permitiera el acceso de inspectores estatales al centro.
La decisión se produjo después de que los funcionarios encargados de las inspecciones fueran rechazados en 10 ocasiones mientras investigaban más de 3,500 denuncias relacionadas con las condiciones de la instalación.
Una disputa que podría tener alcance nacional
Los casos de Colorado y Washington reflejan una discusión jurídica más amplia sobre los límites de la autoridad estatal frente a instalaciones privadas que trabajan bajo contratos con el Gobierno federal.
El punto central es determinar hasta dónde pueden llegar los estados en la supervisión sanitaria de centros privados utilizados para detener a migrantes, especialmente cuando las empresas argumentan que sus operaciones están vinculadas a funciones federales.
El caso de Washington, que corresponde al Noveno Circuito federal, y la disputa de Colorado muestran que el enfrentamiento entre los estados y los operadores privados de centros de detención no se limita a una sola instalación.
Por ahora, en Colorado, la orden de Domenico mantiene parcialmente suspendida la nueva normativa mientras sigue vigente la capacidad del estado para intervenir en asuntos de salud y seguridad, incluida la investigación por tuberculosis en el centro de Aurora.
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