La decisión se produjo mientras el gobierno federal intenta llevar el caso ante la Corte Suprema, a un día de las elecciones de mitad de período
Un juez federal ordenó este lunes al gobierno del presidente Donald Trump detener la exigencia a los funcionarios electorales de California de apartar las papeletas de unas 20,000 personas que, según el Departamento de Justicia, podrían no ser ciudadanos estadounidenses.
El juez principal James Boasberg, del Tribunal Federal de Distrito de Washington, determinó que la medida probablemente viola la Constitución de Estados Unidos, en una nueva decisión judicial que limita los intentos de la administración Trump de intervenir en la gestión de las elecciones de California, reseñó la agencia de noticias The Associated Press.
“Es probable que el Poder Ejecutivo haya violado la Cláusula Electoral de la Constitución, que otorga la autoridad sobre las normas electorales exclusivamente a los estados y al Congreso”, escribió Boasberg.
La decisión se produjo mientras el gobierno federal intenta llevar el caso ante la Corte Suprema, a un día de las elecciones de mitad de período. La administración sostiene que las papeletas identificadas deben mantenerse separadas hasta comprobar si los votantes cumplen con los requisitos de ciudadanía.
De acuerdo con información de AP, el Departamento de Justicia presentó este lunes una apelación de emergencia ante el máximo tribunal del país después de que una corte federal de apelaciones rechazara su solicitud para obligar a California a apartar las papeletas cuestionadas.
El procurador general D. John Sauer pidió a los magistrados una “orden judicial limitada” que obligara al estado a separar los votos mientras continúa el litigio. Argumentó que, una vez que las papeletas cuestionadas sean mezcladas con las demás, ya no habría manera de identificarlas y recuperarlas.
California, por su parte, sostiene que la lista proporcionada por el gobierno federal contiene numerosos errores y podría incluir a ciudadanos estadounidenses. Las autoridades electorales también han señalado que resulta logísticamente inviable localizar y separar los votos a estas alturas del proceso, debido a que millones de papeletas ya fueron enviadas y cientos de miles han sido procesadas.
La disputa se centra en unos 20,000 votantes que el Departamento de Justicia considera potencialmente no ciudadanos. La administración Trump ha convertido la identificación de personas que no tienen ciudadanía estadounidense en una de sus prioridades electorales, aunque los casos de personas no ciudadanas que votan son poco frecuentes.
Antes del fallo de Boasberg, otro juez federal había rechazado la petición del Departamento de Justicia y advirtió que separar las papeletas podría terminar privando del derecho al voto a ciudadanos estadounidenses en unos comicios que determinarán el control del Congreso.
Ese fallo también fue confirmado por un panel de la corte de apelaciones por una votación de 2-1. Un juez designado por Trump y otro por el expresidente Joe Biden respaldaron la decisión, mientras que un tercer magistrado, también designado por Trump, discrepó y sostuvo que California estaba favoreciendo posibles violaciones de la legislación federal.
Los tribunales inferiores han advertido además sobre las consecuencias de introducir cambios de último momento en el proceso electoral. El juez de distrito David O. Carter afirmó previamente que obligar al estado a separar las papeletas podría causar graves alteraciones en las elecciones y afectar la confianza en el proceso democrático.
El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la nueva apelación del gobierno como un intento de “socavar nuestras elecciones y pisotear el estado de derecho”.
Deja una respuesta